La inseguridad ciudadana sigue golpeando duro al pequeño comercio en Perú. Según una encuesta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), el 41 % de las bodegueras a nivel nacional —es decir, cuatro de cada diez— sufrió algún delito durante 2025, principalmente extorsiones (cobro de cupos y préstamos “gota a gota”), robos y asaltos.
A pesar de la gravedad, solo el 14 % denunció los hechos ante las autoridades. El 27 % fue víctima pero no reportó, y el 59 % restante indicó no haber sido afectada directamente. La percepción de inseguridad es abrumadora: el 93.1 % de las encuestadas afirmó no sentirse protegida por el Estado, contra apenas un 6.9 % que sí se siente algo resguardada.
Este panorama impacta directamente en la economía: el 44.8 % reportó caída en ventas comparado con 2024, el 41.4 % dijo que sus ingresos se estancaron y solo el 20.7 % vio alguna mejora. Más del 80 % no registró crecimiento, en gran parte por el miedo que obliga a reducir horarios o cerrar temprano.
“Muchas veces somos víctimas directas o reducimos horarios por temor, lo que se traduce en menores ingresos”, señaló Carla Campos, presidenta de Agremub, quien exigió al Gobierno y municipalidades reforzar medidas de seguridad para las mypes y bodegas. Otro golpe inminente: las elecciones 2026 con cuatro procesos nacionales.
Si la Ley Seca se mantiene en 48 horas, las bodegas perderían más de S/ 320 millones en ventas (según estudio de Mypes Unidas), ya que las bebidas alcohólicas representan hasta el 55 % de ingresos en muchos locales. Esto pondría en riesgo el sustento de más de 400 mil familias dependientes del sector.
La delincuencia no solo es un problema de seguridad: es una amenaza económica que ahoga al emprendimiento femenino en barrios y comunidades.
